Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarín

La decisión tomada hoy por el juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, imputando a la Infanta Cristina en la misma trama que amenaza con llevar a su marido a la cárcel, no ha dejado indiferente a nadie.

La Casa del Rey, que durante los primeros momentos no se pronunció al respecto, ha roto finalmente su silencio, para, por medio de un portavoz, «manifestar su sorpresa» por el cambio de postura del juez —frente a la dictada en el auto del 5 de marzo de 2012—, y por haber conocido la noticia por los medios de comunicación.

Sorprende la sorpresa de la Casa del Rey, porque el resto de los ciudadanos no estamos nada sorprendidos. De hecho, nos hubiéramos sorprendido más si el juez no hubiera tomado esta determinación, ya que es vox populi que la Infanta no podía ser del todo desconocedora de los tejemanejes de su marido, quien según todos los indicios, ha medrado cuanto ha podido para lucrarse a costa de las arcas públicas, evadiendo además capital a paraísos fiscales.

Sorprende la sorpresa de la Casa del Rey por haberse enterado por los medios de lo que ya es todo un hito: la imputación de un miembro de la Casa Real. Pero nuevamente, la ciudadanía no está nada sorprendida, ya que son precisamente los medios de comunicación, los que nos están informando cada día de la auténtica podredumbre que se origina allá arriba, donde el populacho no puede llegar y de donde nada debería trascender sin que ellos lo permitieran.
De no ser por los medios, no se habrían (probablemente) destapado escándalos como los de Bárcenas, Gürtel, Faisán, Palma Arena, los falsos ERE en Andalucía o, la última, la fortuna que el padre del Rey dejó a buen recaudo para sus hijos en Suiza, nada menos que mil millones de pesetas.
Así que podemos darnos con un canto en los dientes, por tener todavía unos buenos equipos de periodistas de investigación y unos periódicos que se atreven a publicar casi todo, aunque sea la Corona la que salga salpicada.
Solamente si no tiene trapos sucios escondidos, puede la más alta institución del Estado mirar al frente, sin miedo a ser secuestrada por los chantajistas que buscan su oportunidad para hacerse con sus parcelas de poder y corrupción.

Y sorprende, ¡cómo no!, que la Casa Real se pronuncie sobre una decisión judicial, porque es la primera que debería ser sumamente respetuosa con estos asuntos, sin interferir bajo ningún concepto; ni siquiera cuando el imputado es un miembro de la familia.
Todos recordamos las palabras del monarca, cuando en un mensaje televisado en 2011, dijo que «…la Justicia es igual para todos». ¡Claro que por «todos», entendimos que hablaba veladamente de su yerno! Pero si todos somos iguales ante la Ley, lo que vale para su yerno, también vale para su hija… por mucho que como padre le duela.

Y eso habrá considerado también el instructor, que basándose en más de una docena de indicios, dice que podría haber un delito de cooperación o complicidad por parte de la Infanta en todo este proceso.
Dice también el juez en su auto, que «sin el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real» el Duque de Palma y Diego Torres no habrían podido obtener los fondos públicos que desviaron.
Esa conclusión del juez, apunta a una cierta y paradójica «responsabilidad» del Rey, porque todos sabemos que el rey no puede ser responsabilizado de nada. Y ahí está probablemente el error y el problema, porque en tanto que hombre y padre, el rey debería poder ser juzgado igual que cualquier otra persona; con mayor severidad incluso, porque los errores de quien tiene un cargo como el suyo, son mucho más graves.

Apoyándose en la declaración de Torres y sus numerosos correos electrónicos, así como también en la declaración del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, el juez Castro enumera una serie de indicios que son bastante significativos y se pregunta si el Rey no habló con su hija para comentarle las críticas o recomendaciones que había trasladado a su marido.
Cuesta creer, la verdad, que como padre, D. Juan Carlos no hablara seriamente con su hija y la tuviera al tanto de lo que le podía caer si no frenaba las ansias del duque y le ataba las manos a la espalda; por lo que resulta más increíble alegar que Cristina no sabía nada. Más increíble todavía resulta creer que la Infanta no lee los periódicos, ni ve la televisión, ni se ha preguntado nunca de dónde salió el dinero del palacete de Pedralbes y sus reformas posteriores.

Pero la «sorpresa» de la Casa del Rey por la imputación, no deja de ser una anécdota de quien intenta mirar para otro lado esperando que pase el chaparrón.
Lo extraño, lo verdaderamente inexplicable, es que la Fiscalía Anticorrupción haya planteado un recurso contra esta imputación formulada por el juez Castro.
Es verdad que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y la Infanta tiene todo el derecho a tener esa presunción de inocencia, pero el estar imputada no significa estar condenada, y el juez instructor le ha dado la oportunidad de que se busque un abogado —que como sospechamos, le pagaremos los contribuyentes— que deje claro de una vez, que no ha sido cómplice del saqueo presuntamente perpetrado por su marido y su socio, de más de 6 millones de euros a las Administraciones Públicas.
Solo un veredicto de no culpabilidad o inocencia dictado por un tribunal, puede liberarla de la sospecha de ser cómplice de un delincuente al que se le permitieron muchas cosas, con los resultados que todos conocemos.

O sea que, si como parece haber quedado patente, el saqueo se ha producido, la Fiscalía debería personarse en la causa como acusación EN NOMBRE DEL PUEBLO, que es el mayor perjudicado. Porque también estamos al corriente, de que la Fiscalía «…tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.»

Creo que los ciudadanos no vamos a terminar de entender qué fines persigue ese recurso de la Fiscalía, pero lo cierto, es que todos esperamos del Rey una determinación, clara y contundente, que despeje cualquier duda en el sentido de que una Infanta es mejor que el resto de ciudadanos.

Queda demostrado, más allá de toda duda razonable, que Cristina de Borbón se equivocó al elegir marido o se equivocó al permitirle trapichear con fondos públicos sin exigirle el divorcio, lo cual hubiera hecho cualquier mujer inteligente alertada de los chanchullos de su esposo. Y sabemos que la Infanta es inteligente.
Conclusión: o pecó por obra… o pecó por omisión.

Quizás haya sido muy feliz con el duque, puede que incluso lo sea todavía, pero a esta hora, ya ha asumido que acabe como acabe este proceso, las cosas nunca serán iguales para ella.
No importa que de ser condenada no llegue a ser encarcelada; el daño que habrá hecho a la Monarquía, será difícil de olvidar por un pueblo que cada vez es más republicano.
Porque las perdices, especialmente si siempre se las comen otros, acaban empachando.

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